El Ministerio de Industria ha puesto en marcha un proyecto (actualmente se encuentra en fase de consulta pública), que fomenta la jornada de trabajo de cuatro días semanales, sin que conlleve una pérdida de sueldo para el trabajador.
La propuesta inicial contempla la entrega de ayudas de entre 2.000 y 3.000 euros a las empresas que se adhieran al programa.
Estas medidas nos crean dudas acerca de sus efectos sobre la productividad de las empresas, la calidad en el empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo.
El objetivo del Gobierno es que las empresas puedan reducir voluntariamente la semana laboral a cuatro días, o bien las horas de jornada hasta llegar a 32, lo que supone compensar la parte no trabajada afectada por la reducción con ayudas públicas.
La jurisprudencia no es proclive a aceptar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que no se fundamenten en razones económicas, técnicas, organizativas o de producción probadas (art. 47 E.T).
Cada vez son más empresas las que ya han modificado su régimen laboral, como Telefónica o la empresa Desigual. Las pioneras en implantar modelos de reducción de jornada son, mayoritariamente, empresas tecnológicas, con mayores facilidades para adaptarse a nuevas fórmulas de organización. Sus primeros datos revelan mejoras en el bienestar laboral de sus empleados y en la productividad, también mejoras medioambientales y reducción de gasto en suministros para la empresa.